En una serie de ataques militares en aguas internacionales, Estados Unidos ha causado la muerte de al menos 13 mexicanos en bombardeos dirigidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Estas acciones han generado preocupación por las víctimas civiles involucradas y el marco legal que justifica estas operaciones.
Detalles de los ataques y víctimas
El 16 de febrero de 2026, misiles estadounidenses destruyeron varias embarcaciones que habían partido de la costa del Pacífico, resultando en la muerte de ocho pescadores. Siete de ellos eran originarios de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y uno de Cabo Corrientes, Jalisco. Habitantes de la zona señalaron que estos jóvenes buscaban ingresos adicionales transportando gasolina para abastecer a lanchas rápidas utilizadas por narcotraficantes en alta mar. Un pescador local aseguró que los fallecidos no portaban armas ni drogas.
Además de estas ocho víctimas, al menos cinco mexicanos más perdieron la vida en el marco de esta campaña de bombardeos. Entre ellos se encuentran pescadores de Puerto San Carlos, Baja California Sur, como Jesús Rangel Romero, quien murió a finales de mayo de 2026, y Enrique Meza junto con su hijo “Kikín”, fallecidos el 8 de marzo de 2026. Algunos de estos hombres aceptaron trabajos relacionados con el contrabando tras el cierre de la empacadora local, debido a la difícil situación económica.
Justificación legal y controversias
La administración Trump ha respaldado el uso de la fuerza militar en aguas internacionales sin autorización del Congreso basándose en un memorando confidencial emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia. Este documento sostiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra 24 organizaciones criminales, a las que clasifica como organizaciones terroristas.
Según el memorando, estas organizaciones buscan asesinar a ciudadanos estadounidenses y desestabilizar gobiernos aliados en el hemisferio. La OLC argumenta que los cárteles no solo trafican drogas con fines de lucro, sino que financian actividades que sostienen dicho conflicto. El reporte, revelado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señala que Estados Unidos puede eliminar civiles que participen en actividades que apoyen la guerra, como el narcotráfico.
El documento menciona grupos como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua como ejemplos de organizaciones que buscan tomar el poder político en México o Venezuela. Sin embargo, analistas y especialistas en política de drogas cuestionan esta interpretación, indicando que no existen análisis de inteligencia que respalden que estos grupos persigan objetivos políticos comparables a los de organizaciones terroristas.
Reacciones y derechos humanos
La designación de organizaciones criminales como grupos terroristas y la clasificación de algunos lancheros como “combatientes enemigos” han servido como fundamento jurídico para las operaciones militares. Defensores de derechos humanos y expertos internacionales han expresado que estos hechos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. La administración estadounidense, por su parte, rechaza esta interpretación y sostiene que sus acciones se encuentran dentro del marco legal establecido.