El martes 28 de julio de 2026, Florida llevó a cabo dos ejecuciones mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, marcando la primera doble ejecución en un solo día desde 1964.
El primer reo ejecutado fue James Duckett, de 68 años, a las 13:19 horas. Duckett fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Teresa McAbee, una niña de 11 años, ocurrido en 1987. La ejecución estuvo suspendida temporalmente en marzo para revisar una prueba de ADN, pero un perito independiente determinó en junio que los resultados no eran concluyentes.
La segunda ejecución se realizó a las 18:13 horas y correspondió a Dominick Occhicone, de 80 años, quien fue condenado por el asesinato de los padres de su expareja en 1986. Occhicone se convirtió en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo de mayor edad en la historia reciente de Estados Unidos, solo superado por Walter Moody, ejecutado a los 83 años en Alabama en 2018.
La defensa de Occhicone argumentó que padecía insuficiencia renal, problemas cardíacos y un deterioro severo en audición y visión, señalando que ejecutar a una persona en esas condiciones equivaldría a un castigo cruel e inusual. Además, el jurado que recomendó la pena de muerte para Occhicone no fue unánime, con siete votos a favor y cinco en contra.
Recursos legales y rechazo de apelaciones
Ambos reos agotaron los recursos legales disponibles tras el rechazo de sus apelaciones por el Tribunal Supremo de Florida. Antes de las ejecuciones, sus abogados presentaron una demanda conjunta ante un tribunal federal para detener los procedimientos, alegando riesgos y carga psicológica para el personal penitenciario, pero la solicitud fue rechazada. También se negaron los recursos presentados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Contexto actual de la pena de muerte en Florida
Desde enero de 2025, Florida ha ejecutado a 31 personas. A nivel nacional, se han registrado 66 ejecuciones en el mismo periodo. La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP) criticó la decisión de realizar la doble ejecución y acusó a los tribunales de impedir una revisión profunda de los procedimientos para aplicar la pena capital.