Arizona planea construir una mega desaladora en Puerto Peñasco, proyecto que ha cobrado fuerza en los últimos tres o cuatro años y que genera preocupación entre especialistas por sus posibles impactos ambientales y sociales en la región.
La planta desaladora busca atender la presión hídrica que enfrentan estados como Arizona, Nevada y California, especialmente ante la reducción del agua proveniente del río Colorado. Técnicamente, el proyecto es viable, según expertos en sistemas de desalación, pero las dudas persisten en torno a su impacto ambiental.
Preocupaciones ambientales y sociales
El principal foco de alerta es el efecto que la descarga de salmuera podría tener sobre el ecosistema marino del Mar de Cortés. Esta zona cuenta con áreas de poca circulación de agua, lo que podría agravar la concentración de contaminantes y afectar la biodiversidad local. Además, especialistas señalan que no se contempla un manejo adecuado de la salmuera bajo principios de economía circular, lo que incrementa el riesgo ambiental.
En Puerto Peñasco existen colonias sin acceso al agua potable, situación que añade un componente social relevante al debate. “¿Por qué llevarle agua a Estados Unidos cuando no tenemos agua ni en Peñasco?”, cuestiona una investigadora involucrada en el análisis del proyecto.
Aspectos legales y soberanía nacional
El agua en México es un bien nacional y su uso debe ser aprobado por instancias federales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene atribuciones para evaluar los impactos ambientales de la mega desaladora, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también juega un papel en la regulación del recurso.
Se ha criticado que las negociaciones para el proyecto se hayan dado principalmente entre gobiernos subnacionales, sin una participación clara del gobierno federal ni un debate público amplio. La defensa del derecho al agua y la soberanía nacional son temas centrales en la discusión.
Propuestas y seguimiento
Ante estos riesgos, se plantea la creación de un frente integrado por universidades e investigadores para analizar el proyecto y exigir estudios ambientales rigurosos. También se advierte sobre la necesidad de definir responsabilidades en caso de contaminación, incluyendo quién asumiría multas o daños derivados de la operación de la planta.
El futuro de la mega desaladora en Puerto Peñasco sigue siendo incierto, mientras persisten las dudas sobre su impacto ambiental y social, y la legalidad de su desarrollo.