El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para revisar la protección federal del lobo gris mexicano en Estados Unidos, una especie que ha sido objeto de programas de recuperación durante décadas. La medida responde a demandas de rancheros que atribuyen pérdidas de ganado a estos ejemplares.
Evaluación y plazo para determinar cambios en la protección
El secretario del Interior, Doug Burgum, tiene un plazo de 90 días para evaluar si el lobo mexicano cumple con los criterios establecidos en la Ley de Especies en Peligro de Extinción para reducir o retirar su protección. De confirmarse, se iniciaría un proceso para modificar las reglas que regulan la conservación de esta especie.
Entre las modificaciones contempladas está la posibilidad de retirar ejemplares cuando representen una amenaza para el ganado o la seguridad humana, con el objetivo de brindar a los rancheros mayores herramientas para responder a los ataques de lobos.
Situación actual de la población y programas de conservación
Actualmente, en Estados Unidos existen alrededor de 317 lobos grises mexicanos en libertad. Sin embargo, organizaciones conservacionistas consideran que la revisión de la protección es prematura, debido a que la población aún enfrenta problemas de diversidad genética y no ha alcanzado niveles óptimos de recuperación.
La recuperación de esta especie ha requerido décadas de esfuerzos que incluyen reproducción en cautiverio, traslado y reintroducción. Paralelamente, México mantiene sus propios programas para conservar al lobo mexicano.
En abril de 2026, autoridades mexicanas liberaron una familia de cuatro ejemplares en Durango como parte de un programa binacional. Además, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó sobre la liberación de una hembra de aproximadamente cinco años en Chihuahua, que está siendo monitoreada mediante tecnología satelital.
Proceso y alcance de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva firmada por Trump no elimina automáticamente el estatus de protección del lobo mexicano. Primero debe concluirse la evaluación del Departamento del Interior y, en caso de cumplirse los criterios, se comenzaría el proceso formal para modificar la protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.