La reforma constitucional que pospone la elección de jueces hasta el año 2028 fue aprobada por 25 congresos estatales en México, consolidando un cambio significativo en el proceso judicial.
Este ajuste legal modifica los plazos establecidos para la designación de jueces, extendiendo el periodo actual y retrasando la renovación de estos cargos hasta dentro de dos años.
La medida busca armonizar la elección de jueces en diversas entidades federativas, permitiendo una transición coordinada y uniforme en el sistema judicial.