En México, la resistencia legal al registro obligatorio de teléfonos celulares ha aumentado, con más de 7 mil personas que han interpuesto amparos para evitar esta medida.
El registro obligatorio busca controlar la activación y uso de equipos móviles, pero ha generado rechazo por parte de usuarios que consideran que afecta sus derechos. La cifra de amparos refleja una creciente oposición ciudadana a esta regulación.
Las autoridades continúan promoviendo el registro con el objetivo de combatir el robo y la venta ilegal de celulares, aunque el proceso legal sigue en curso debido a los recursos presentados.