Autoridades federales en Arizona presentaron una acusación formal contra 28 personas por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de armas con destino a México. La imputación incluye 158 cargos relacionados con la compra y contrabando de armamento desde Arizona hacia territorio mexicano.
Detalles de la acusación y modus operandi
El fiscal federal Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona, informó que la acusación fue emitida por un jurado federal en Phoenix el 21 de julio y dada a conocer en conferencia de prensa el 4 de agosto. Entre los cargos destacan conspiración para adquirir armas ilegalmente con fines de tráfico, declaraciones falsas durante la compra, tráfico de armas sin licencia y conspiración para traficar armas de fuego.
Fernando Daniel Castro, de 24 años y residente de Phoenix, es señalado como presunto coordinador del reclutamiento de personas que compraban armas en Arizona a cambio de dinero. Se le atribuye la venta de parte del armamento con conocimiento de que sería exportado ilegalmente a México.
Armas y municiones aseguradas
Durante la investigación conjunta realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Patrulla Fronteriza, se decomisaron más de un centenar de armas de fuego, entre ellas rifles tipo AK-47 y pistolas Glock 19, así como cientos de miles de cartuchos de municiones adquiridos en Arizona.
Una de las personas involucradas ya fue sentenciada, mientras que los acusados enfrentan posibles penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares por cada cargo imputado.
Impacto y declaraciones oficiales
A.J. Gibes, agente especial a cargo de la División de Campo de Phoenix de la ATF, destacó que el tráfico de armas alimenta la violencia a ambos lados de la frontera. “Cada arma de fuego y munición ilegal retirada de las calles representa vidas potencialmente salvadas en nuestras comunidades y calles aquí en Arizona, así como en México”, afirmó.
Jason Stevens, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona, señaló que el aseguramiento del armamento constituye un golpe significativo a las organizaciones criminales que operan en la región.
Entre los acusados hay personas originarias de Arizona, México y otras localidades no especificadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.