La Fiscalía General de la República (FGR) responsabilizó al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de ordenar la destrucción de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Orden directa desde el gobierno estatal
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, explicó que el análisis del caso reveló que Aguirre Rivero instruyó el ocultamiento y desaparición de grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. Estas imágenes mostraban el momento en que los normalistas, que viajaban en el autobús Estrella de Oro número 1531, fueron detenidos por policías municipales y estatales.
Dos testigos colaboradores confirmaron que el exmandatario ordenó eliminar estas evidencias. Además, un segundo testigo protegido detalló que en una reunión con mandos de primer nivel del gobierno estatal se acordó desaparecer cualquier prueba relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Falsedad en versiones oficiales y avances en la investigación
Las primeras versiones oficiales alegaban que las videograbaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema. Sin embargo, diligencias posteriores demostraron que esta versión era falsa. En enero de 2026, un testigo colaborador aportó información que confirmó la existencia de las grabaciones y señaló a la persona que las sustrajo para entregarlas directamente a Aguirre Rivero.
La Fiscalía cuenta con elementos que acreditan que la instrucción para ocultar las grabaciones fue girada directamente por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Según Godoy Ramos, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento fue resultado de una operación dolosa y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal.
Detención y proceso legal
El 6 de agosto de 2026, Ángel Aguirre Rivero fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones con seriedad, profesionalismo y rigor científico para esclarecer la verdad de los hechos.