Con una inversión superior a 500 millones de pesos, este 5 de agosto inició la construcción del Hospital Regional del Río Sonora en Ures, una obra esperada por más de una década que busca atender las necesidades de salud de las comunidades afectadas por el derrame tóxico de 2014.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la colocación de la primera piedra acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La obra forma parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, que contempla acciones integrales en salud, agua y remediación ambiental.
Respuesta a demandas históricas y especialización médica
El proyecto fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representa una respuesta concreta a las demandas de las comunidades del Río Sonora. Durazo Montaño destacó que la obra deberá concluirse en abril de 2027, y que la voluntad política y la insistencia social fueron clave para mantener activa esta demanda.
El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que el hospital contará con áreas de hospitalización, quirófanos, laboratorio especializado para análisis de metales pesados, unidad de vigilancia epidemiológica, seguimiento toxicológico y diversas especialidades médicas. Este equipamiento permitirá brindar atención especializada a pacientes con posibles afectaciones derivadas de la contaminación ambiental en la región.
Compromisos ambientales y participación comunitaria
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, aseguró que continuarán las acciones acordadas con los Comités de Cuenca del Río Sonora, incluyendo el acceso a agua de calidad, la remediación de suelos afectados y el monitoreo permanente. Representantes de estos comités reconocieron que el inicio de la construcción es un avance significativo en la lucha ciudadana por atención médica especializada.
Al evento asistieron autoridades de los 15 municipios de la región, funcionarios estatales, representantes del Gobierno de México, legisladores y actores sociales, quienes refrendaron su compromiso con la justicia social y ambiental para las comunidades afectadas por el derrame ocurrido hace 12 años.