En México, 7.6 millones de personas laboran para empleadores formales sin contar con seguridad social ni prestaciones, reveló un análisis reciente de México, ¿Cómo Vamos? basado en datos del Inegi.
Informalidad laboral dentro del sector formal
La informalidad laboral se define como la falta de acceso a servicios de salud y prestaciones de ley, aun cuando los trabajadores están registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y laboran en instituciones gubernamentales o empresas formales. Esta situación afecta a un porcentaje significativo de empleados en diferentes tamaños de empresas y en el sector público.
El análisis indica que en pequeñas empresas, el 24.7% de los trabajadores enfrentan esta condición. En el ámbito gubernamental, 16.9% de los empleados carecen de prestaciones sociales, mientras que en medianas empresas el porcentaje es de 8.6% y en grandes empresas baja a 3.2%. En el sector público, aunque el 83% de los trabajadores son formales, persiste un número considerable en situación de informalidad.
Micro y pequeñas empresas, las más afectadas
La informalidad laboral es especialmente pronunciada en microempresas con hasta cinco empleados, donde ocho de cada 10 trabajadores no cuentan con acceso a seguridad social ni prestaciones. En pequeñas empresas, esta proporción es de tres de cada 10 empleados.
Programas piloto para combatir la informalidad
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado programas piloto dirigidos a formalizar a trabajadores tradicionalmente excluidos, como las trabajadoras del hogar, trabajadores independientes y quienes laboran en plataformas digitales.
En particular, el piloto para trabajadores de plataformas digitales se puso en marcha a mediados de 2025. Antes de esta iniciativa, estos trabajadores no tenían acceso a seguridad social ni a beneficios como el Issste o aportaciones al retiro.
Axel González, representante de México, ¿Cómo Vamos?, explicó que el programa busca reducir la informalidad en el sector formal, y que se realizará una evaluación del impacto un año después de su implementación para medir su efectividad.