El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue dictado a prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como por obstrucción de la justicia mediante el ocultamiento de evidencias. La medida fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada en el penal federal del Altiplano, Estado de México.
Audiencia y medidas cautelares
La Fiscalía General de la República formuló la imputación formal contra Aguirre Rivero en una sesión que duró más de seis horas en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. El juez de control negó la solicitud de arraigo domiciliario presentada por la defensa y ordenó que el exmandatario permanezca en prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición forzada.
El exgobernador se presentó a la audiencia en silla de ruedas, argumentando complicaciones médicas derivadas de hipertensión tras su captura en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán. Horas antes de la comparecencia, requirió valoración médica en el penal.
Acusaciones y evidencias
La Fiscalía lo acusa de ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El expediente incluye testimonios de la ex visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Blanca “N”, y de la presidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina “N”.
Ambas declararon que Aguirre Rivero ordenó la eliminación de videos captados por cámaras exteriores del Palacio de Justicia. Una testigo entregó dicho material audiovisual al exgobernador el 29 de septiembre de 2014 mediante un disco compacto, y al día siguiente se convocó a colaboradores cercanos, entre ellos el exprocurador Iñaki Blanco, para proceder con la destrucción de la evidencia.
Próximos pasos del proceso
Durante la audiencia, el exgobernador negó los señalamientos con movimientos de cabeza y afirmó que “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”. El proceso penal continuará el martes 11 de agosto en la sede judicial del Estado de México, donde se desahogarán más elementos. La autoridad fijó como límite las 20:00 horas del miércoles 12 para resolver la vinculación a proceso por el delito de lesa humanidad.