La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis tras la aplicación de un examen de admisión en línea que presentó fallas técnicas y permitió irregularidades, lo que obligó a la institución a implementar un examen de control presencial para los aspirantes afectados.
Fallas en la aplicación y costos elevados
El examen en línea se aplicó sin realizar pruebas piloto previas, lo que derivó en problemas durante la evaluación. La empresa encargada, Territorium Life, cobró 101 millones de pesos por la gestión del examen digital, una cifra que supera ampliamente los 49 millones de pesos invertidos en el examen presencial de 2025.
Durante la revisión de resultados, se detectaron patrones atípicos que sugieren la existencia de trampas. Se sospecha que algunos aspirantes se inscribieron sin responder los reactivos para poder copiar y filtrar las preguntas del examen, afectando la transparencia del proceso.
Respuesta institucional y cambios administrativos
Ante esta situación, el rector Leonardo Lomelí instaló el 27 de julio una comisión integrada por expertas y expertos con el mandato de investigar y explicar lo ocurrido. Esta comisión recomendó la aplicación de un examen de control presencial dirigido a los admitidos y a quienes quedaron cerca del puntaje requerido.
En consecuencia, la secretaria general Patricia Dávila fue cesada y su lugar fue ocupado por Javier de la Fuente Hernández, en un intento por renovar la gestión y atender la crisis.
Impacto en los aspirantes y contexto educativo
Anualmente, más de 130 mil jóvenes son rechazados por la UNAM al no alcanzar el puntaje necesario para ingresar. La crisis actual pone en evidencia problemas estructurales del sistema educativo nacional, que no prepara adecuadamente a los estudiantes para enfrentar el examen de admisión.
Además, se mencionó a la Universidad Rosario Castellanos como una opción para los jóvenes que no logran ingresar a la UNAM. La situación también refleja desigualdades sociales, ya que muchos funcionarios gubernamentales pagan colegiaturas privadas de hasta 40 mil pesos mensuales para sus hijos, lo que contrasta con las dificultades del sistema público.
En conjunto, esta crisis muestra retos morales y sociales más amplios que enfrenta el país en materia educativa y de equidad.