El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, expresó su preocupación por los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentados el 28 de julio de 2026, y advirtió que podrían convertirse en un mecanismo para que el Gobierno federal controle y suspenda transmisiones en medios de radio y televisión.
Estos lineamientos, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en cumplimiento de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, buscan fortalecer los derechos de las audiencias previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Entre sus objetivos están garantizar información veraz, establecer mecanismos de defensa para los usuarios y promover la transparencia en los contenidos transmitidos.
El documento, que se encuentra en consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto de 2026, incluye disposiciones para diferenciar claramente entre información noticiosa, opinión y publicidad, así como para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada. También contempla garantizar el derecho de réplica, implementar accesibilidad para personas con discapacidad y establecer un Código de Ética junto con una Defensoría de las Audiencias independiente.
Preocupaciones sobre discrecionalidad y censura
Manuel Añorve alertó sobre la posibilidad de que las autoridades determinen qué información es falsa o descontextualizada, lo que podría derivar en la aplicación de medidas precautorias contra concesionarios de radio y televisión. Señaló que estas suspensiones precautorias podrían generar presión directa sobre los medios, fomentando la autocensura y limitando la libertad de expresión.
Además, sectores como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), legisladores de oposición y participantes en la consulta pública han manifestado reservas respecto a la ambigüedad en la definición de “información falsa o descontextualizada”, lo que podría dar lugar a discrecionalidad en su aplicación.
Se ha señalado también la posible imposición de sanciones equivalentes al 1 % de los ingresos anuales de los concesionarios por faltas informativas, aunque la ley vigente solo contempla sanciones por no designar defensor o no emitir código de ética. Otro punto de preocupación es la posibilidad de que las quejas anónimas y la subordinación de las defensorías favorezcan una aplicación asimétrica de sanciones entre medios privados y estatales.
Proceso de consulta y perspectivas
La Secretaría de Gobernación, representada por Luisa María Alcalde durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, presentó oficialmente los lineamientos, defendiendo que estos desarrollan derechos constitucionales y buscan combatir la desinformación.
El anteproyecto aún no ha sido aprobado de manera definitiva y está abierto a modificaciones con base en las observaciones recibidas durante el periodo de consulta pública, que concluirá el 21 de agosto de 2026.