La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la prohibición definitiva de escuelas privadas con modelos educativos militarizados en todo México, ordenando su cierre antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto de 2026.
Medidas y alcance de la prohibición
Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a impedir que continúen operando instituciones privadas que usen denominaciones como militarizada, militar o castrense, o que tengan relación con la formación militar.
Además, solicitó revisar los permisos, autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de estos planteles para garantizar que se cumpla con la nueva disposición. Las escuelas identificadas deberán suspender actividades y comenzar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.
Atención a estudiantes y obligaciones de las escuelas
Las instituciones afectadas deberán entregar inmediatamente la documentación académica de los estudiantes, incluyendo certificados parciales o totales. También deberán realizar reembolsos por pagos realizados por servicios no otorgados, como reinscripciones, uniformes y materiales escolares.
Justificación y contexto de la medida
Mario Delgado explicó que esta medida está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que promueve el desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz. Recalcó que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargadas de preparar al personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
La decisión de la SEP se tomó tras el caso de la Academia Militarizada “Marina Doenitz” en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde una adolescente, Dafne Zapata, falleció durante un campamento. Familiares denunciaron presuntos actos de violencia física y posibles omisiones en los protocolos de seguridad durante el curso de verano.
Este incidente generó cuestionamientos por parte de autoridades educativas y la sociedad civil sobre la regulación y operación de instituciones privadas con modelos de disciplina militar. La SEP busca así establecer límites claros a estos esquemas y garantizar que los servicios escolares autorizados funcionen bajo los principios del Sistema Educativo Nacional.