El Gobierno de México lanzó una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 con el propósito de definir lineamientos que protejan los derechos de las audiencias en radio y televisión sin censura hacia los medios de comunicación.
La iniciativa busca recabar opiniones y propuestas de televidentes y radioescuchas sobre mecanismos que les permitan ejercer sus derechos frente a los concesionarios de estos servicios. Las aportaciones servirán para establecer los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que serán emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Objetivos y alcance de la consulta
El gobierno federal aclaró que la finalidad no es controlar los contenidos que se transmiten en radio y televisión, sino crear reglas claras para hacer efectivos los derechos de las audiencias y permitir que puedan exigir su cumplimiento. Jorge Bravo Torres Coto, representante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, destacó la necesidad de proteger estos derechos sin que se interprete como una censura hacia los medios.
Entre los derechos a proteger, Bravo Torres Coto señaló la importancia de distinguir entre la opinión del comunicador y la noticia. Recordó que en lineamientos previos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se requería marcar cuando se expresaba una opinión, ya sea con una marca visible en televisión o una marca sonora en radio.
Contexto y opiniones encontradas
México lleva 13 años sin un derecho efectivo de las audiencias. Aunque en 2013 se incluyó en la reforma constitucional y en 2014 en la ley secundaria, una contrarreforma posterior revirtió algunos de estos derechos. Jorge Bravo Torres Coto afirmó que existen declaraciones oficiales que buscan controlar la narrativa de los medios electrónicos, lo que ha generado inquietud sobre si los lineamientos podrían usarse para ese fin.
En el portal de la consulta pública, usuarios expresaron diversas opiniones. Nancy Paola Millán Barajas consideró que los artículos 6° y 7° de la Constitución son claros y no requieren regulación adicional. En contraste, Juan Martín Gutiérrez rechazó el anteproyecto por considerarlo autoritario y una amenaza a la libertad de expresión y pluralidad informativa.
Por otro lado, Iván Martínez Sánchez apoyó la iniciativa para regular medios y evitar la difusión de falsedades, calumnias y manipulación de la opinión pública. Joaquín Federico Cadena enfatizó la necesidad de que el proceso sea transparente y basado en evidencia para evitar bloqueos legales injustificados.