La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto destinado a reforzar la transparencia en el Gobierno de México, durante una conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. Este decreto busca garantizar el acceso a la información pública bajo el principio constitucional de máxima publicidad y establece nuevas reglas para la rendición de cuentas en las dependencias federales.
Reformas y cambios en la gestión de la información pública
El decreto elimina la discrecionalidad que tenían los funcionarios para decidir qué información podía hacerse pública, estableciendo lineamientos claros para asegurar la transparencia total del Gobierno. Entre las medidas destaca la obligación de actualizar la información sobre contrataciones públicas de manera mensual, en lugar del plazo trimestral que se manejaba anteriormente.
Además, las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluso aquellas que operan en el extranjero, deberán rendir cuentas bajo los mismos términos que el resto de las dependencias federales. También se contempla la publicación de auditorías internas y externas realizadas a las instituciones públicas.
Críticas y ajustes al Instituto Nacional de Transparencia
Durante su intervención, Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “no era la mejor institución del mundo” y reconoció que la Plataforma Nacional de Transparencia presentaba fallas constantes. Además, recordó que durante la operación del INAI se registraron escándalos de corrupción relacionados con algunos de sus comisionados.
Tras la desaparición del INAI, el Gobierno federal ha trabajado en la estabilización de la Plataforma Nacional de Transparencia para mejorar el acceso a la información pública.
Próximas reformas legislativas
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, indicó que el decreto tiene como objetivo garantizar el principio constitucional de máxima publicidad. También anunció que se presentarán modificaciones a la Ley Federal de Transparencia en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Estas reformas buscarán simplificar el acceso a la información pública y evitar restricciones basadas en criterios de seguridad nacional.