En Bolivia, un diputado presentó un proyecto de ley que contempla la esterilización obligatoria de mujeres en situación de calle bajo control judicial, lo que ha generado rechazo de defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
Detalles del proyecto y justificación
El diputado suplente Néstor Rodríguez, del partido Unidad, presentó la iniciativa hace unas semanas. Según explicó, la propuesta busca favorecer la reinserción social de personas en situación de calle y atender especialmente a mujeres que consumen drogas y tienen hijos en esas condiciones. Rodríguez señaló: “La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”.
El procedimiento de anticoncepción definitiva, según el proyecto, debe contar inicialmente con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, el texto establece que la esterilización podría volverse obligatoria una vez agotadas las instancias pertinentes y siempre bajo control judicial.
El artículo 15 del proyecto señala que la obligatoriedad podría aplicarse para evitar que recién nacidos sean víctimas de trata y tráfico. Además, la esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas, con revisión de la historia clínica y atención integral antes de proceder.
Reacciones de defensores de derechos humanos
La iniciativa ha sido duramente criticada por activistas y organismos defensores de derechos humanos. Patricia Flores, activista, calificó la propuesta como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”, además de considerarla “profundamente racista, clasista, machista y misógina”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó su rechazo y preocupación ante el proyecto. La institución recordó que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera derechos fundamentales como la dignidad, integridad personal, libertad, vida privada y familiar, igualdad, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para señalar que las decisiones sobre salud reproductiva deben ser tomadas libremente por cada mujer, sin coerción.
Actualmente, el proyecto será analizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde se evaluará su viabilidad y respeto a los derechos fundamentales.