Durante su primer año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enfrentado diversas controversias relacionadas con su organización interna, el uso de recursos públicos y el comportamiento de algunos ministros. Este pleno está conformado por nueve ministros elegidos mediante voto popular, un hecho sin precedentes en la historia del máximo tribunal.
Adquisición y destino de vehículos blindados
Se adquirió un lote de nueve camionetas Jeep blindadas, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos cada una, destinadas a los ministros. Sin embargo, el 25 de enero, los propios ministros anunciaron que no utilizarían estos vehículos y solicitaron que fueran devueltos o reasignados a juzgadores que enfrentan mayores riesgos en sus funciones. Finalmente, las camionetas quedaron en manos de estos juzgadores, quienes llevan casos de alto riesgo.
Incidente con limpieza de zapato al presidente de la Corte
El 5 de febrero en Querétaro, una funcionaria fue captada limpiándole el zapato al presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Amanda Pérez Bolaños, directora general de Comunicación Social de la SCJN, explicó que la acción se debió a que un café se derramó y salpicó a Aguilar. El presidente pidió que no continuara la limpieza y ofreció una disculpa pública por el incidente.
Discrepancias sobre la presidencia de la SCJN
La renovación de la presidencia de la Suprema Corte debe realizarse cada dos años de manera rotatoria, según la reforma judicial de 2024 al artículo 94 constitucional. Sin embargo, el artículo 97 establece que cada cuatro años el pleno debe elegir a quien presidirá el tribunal. Hugo Aguilar fue electo presidente por ser el candidato más votado con 6,195,612 sufragios, seguido por Lenia Batres con 5,534,681 votos y Yasmín Esquivel con 4,985,925 votos.
En mayo de 2026, el Ejecutivo envió una reforma judicial aprobada por el Legislativo que no resolvió la contradicción entre ambos artículos. Claudia Sheinbaum declaró que la Corte deberá resolver esta incongruencia constitucional. Mientras Lenia Batres sostiene que le corresponde asumir la presidencia en septiembre de 2027, un bloque mayoritario de al menos seis ministros prefiere que el pleno elija al sucesor conforme al artículo 97. Las opciones en discusión incluyen extender el periodo de Aguilar a cuatro años o elegir a Yasmín Esquivel en 2027 o 2029.
Debates sobre presupuesto y seguros médicos
Para 2027, el pleno solicitó un presupuesto que incluya la recontratación de un seguro de gastos médicos mayores con recursos públicos. En enero de 2026, Hugo Aguilar firmó un convenio con el ISSSTE para atención especializada al personal, tras cancelar seguros privados a finales de 2025. El 6 de agosto, seis de los nueve ministros aprobaron reincorporar este seguro en el anteproyecto presupuestal, lo que fue denunciado por Lenia Batres como un regreso a privilegios contrarios a las normas de austeridad.
La Corte aclaró que el seguro sería para el personal del tribunal, excluyendo a los nueve ministros. Claudia Sheinbaum criticó esta propuesta, considerándola un retroceso en materia de privilegios.
Errores en votaciones y cuestionamientos a ministros
El 15 de enero, un error en la votación sobre el pago retroactivo de pensiones de trabajadores de la CFE generó confusión: inicialmente se anunció la aprobación, pero la votación real fue de cinco en contra y cuatro a favor. El secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, corrigió el error y la Corte rectificó formalmente el resultado.
En redes sociales, las ministras Estela Ríos y Lenia Batres han sido señaladas por errores en pronunciamientos, presentación de proyectos y emisión de votos. Ríos fue criticada por leer todas sus intervenciones desde su teléfono celular.
Controversias en proyectos y debates internos
En febrero, el pleno revocó un amparo que impedía ejecutar una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, pero se cuestionó la metodología y consideraciones del proyecto presentado por Batres. El 3 de junio, un proyecto de Batres sobre víctimas de delitos sexuales fue aprobado por ocho votos, aunque con desacuerdos visibles entre ministros. Giovanni Figueroa pidió aclarar que difuminar la imagen de una víctima menor no debe ser regla general, mientras Batres defendió su propuesta.
El 13 de agosto, durante la discusión de una contradicción de criterios, Batres acusó a sus compañeros de una “animadversión insana” y retiró su participación, reflejando las tensiones internas en el pleno.