La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, tras una controversia generada por la reserva de esta información.
El Comité de Transparencia del Infonavit había determinado mantener como reservada la declaración patrimonial de Romero Oropeza, amparándose en una norma interna que impedía la difusión de estos datos. Esta regla establecía que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la institución no debían ser públicas.
Sheinbaum ordenó modificar dicha norma para garantizar la apertura y la rendición de cuentas. En sus palabras, “Ya le pedí que cambie esa norma, porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y Octavio, pues, no debe ser la excepción”.
Contexto y acciones recientes
Desde que asumió la Dirección General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza había clasificado como confidencial toda la información relacionada con su patrimonio. El 13 de julio, un particular solicitó copia de su declaración patrimonial, pero el Comité de Transparencia decidió mantener reservados detalles sobre vehículos, ingresos y propiedades.
Esta clasificación se basó en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite reservar información temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional.
Tras la instrucción presidencial, la declaración patrimonial de Romero Oropeza ya está actualizada y disponible para consulta en la página oficial del Infonavit, buscando evitar dudas sobre su patrimonio.
Comparativo con administraciones anteriores
Durante el sexenio anterior, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, sí publicó sus declaraciones patrimoniales, lo que contrasta con la práctica actual que se intentó mantener hasta la intervención de la presidenta Sheinbaum.
Con esta medida, el gobierno federal busca fortalecer la transparencia en las instituciones públicas, alineándose con los principios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.