En Arizona comenzó la edificación de un nuevo tramo de 100 kilómetros del muro fronterizo con México, impulsado por el Gobierno de Donald Trump, a pesar de la fuerte oposición de la Nación Tohono O’odham, comunidad indígena que considera que la obra viola su soberanía y pone en riesgo sitios sagrados y el medioambiente.
Conflicto legal y cultural
La Nación Tohono O’odham ha rechazado durante décadas la construcción de muros en su territorio, ya que muchos de sus integrantes viven a ambos lados de la frontera y cruzan regularmente para ceremonias, peregrinaciones y visitas familiares. Además, advierten que el proyecto podría afectar cementerios ancestrales y sitios ceremoniales, como el manantial de Quitobaquito, considerado sagrado y refugio de especies amenazadas.
En respuesta, la comunidad interpuso una demanda legal contra el proyecto, la cual fue desechada en agosto por una jueza federal en Washington. La resolución se basó en un decreto de 1907 firmado por Theodore Roosevelt, que establece una franja de 18.3 metros a lo largo de la frontera como terreno de uso federal. Tras el fallo, contratistas y agentes armados de la Patrulla Fronteriza (CBP) ingresaron al territorio tribal para iniciar trabajos y realizar mediciones y toma de muestras de tierra.
Avance del proyecto y postura oficial
El proyecto denominado “Tucson 5” contempla una barrera de acero y concreto de aproximadamente 9.1 metros de altura. Rodney Scott, comisionado de la CBP, afirmó que esta construcción permitirá cerrar uno de los corredores irregulares más utilizados para el tráfico de drogas y migrantes indocumentados.
Por su parte, Verlon José, presidente del territorio tribal de la Nación Tohono O’odham, señaló que en los últimos dos años los arrestos se han reducido en un 95 por ciento, por lo que cuestiona la necesidad de la obra. “Siempre hemos protegido nuestra tierra, nuestra comunidad, mucho antes de que esta nación fuera establecida y aún hoy nuestro deber es seguir protegiendo la tierra”, afirmó.
Reacciones políticas y comunitarias
La congresista Adelita Grijalva criticó el proyecto, calificándolo como una violación a los derechos de la Nación Tohono O’odham, su cultura y sus sitios ancestrales. Integrantes de la comunidad continúan realizando ceremonias pacíficas cerca de las obras y mantienen activa la lucha legal, habiendo apelado la decisión judicial.
La disputa refleja un choque entre las políticas migratorias federales y la defensa de los derechos indígenas, con un impacto directo en el territorio y la cultura de la Nación Tohono O’odham.