La investigación federal se centra en un litigio iniciado en 2007 por supuesta falsificación de documentos y simulación de actos jurídicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación formal sobre un presunto fraude procesal y montaje laboral en contra de Grupo Herdez, originado en un litigio iniciado en 2007. El caso involucra acusaciones de falsificación de documentos, simulación de actos jurídicos y fraude procesal.
La demanda original fue presentada como un reclamo de indemnización laboral, pero las autoridades federales determinaron que la relación laboral alegada nunca existió en los términos del expediente. La investigación penal federal señala que el grupo legal involucrado presuntamente elaboró documentación apócrifa, falsificó firmas y alteró constancias para sostener el juicio.
La abogada Irene León Escamilla admitió haber participado en la trama y señaló al despacho de Humberto Cavazos Chena como coordinador de la estrategia. El objetivo, según la investigación, era elevar artificialmente la cuantía del pleito para presionar a la empresa demandada.
Modus operandi y acciones legales
El modus operandi identificado incluye la creación de expedientes con pruebas apócrifas, solicitud de embargos congelatorios, prolongación de etapas procesales y testimonios fabricados. La FGR ejerce facultades para concentrar la investigación y colabora con instancias judiciales y administrativas. Entre las acciones en curso se encuentran peritajes grafoscópicos y documentoscópicos, análisis de ruta financiera y deslinde de responsabilidades penales.
Implicaciones en la justicia laboral
Las demandas laborales simuladas afectan la certeza jurídica y saturan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Laborales. Especialistas recomiendan auditoría documental, denuncias penales inmediatas, verificación de poderes y modelos de compliance laboral para protegerse ante estos esquemas. La intervención federal en el caso Grupo Herdez es considerada un antecedente clave para combatir la extorsión judicial. El nuevo modelo de justicia laboral contempla la participación de Centros de Conciliación y la persecución penal contra despachos que fabrican juicios.