La medida busca combatir el huachicol fiscal y garantizar que el gravamen llegue íntegro al erario nacional, sin aumentar el precio al consumidor.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está implementando un nuevo mecanismo de trazabilidad para asegurar que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y diésel llegue íntegro a las arcas públicas.
La estrategia hacendaria redefine el control aduanero y de distribución, con el objetivo de garantizar que el gravamen llegue completo al erario nacional. Este nuevo mecanismo busca desarticular las redes de contrabando técnico y evasión conocidas como huachicol fiscal.
Actualmente, el cumplimiento y pago del IEPS recae sobre productores e importadores de petrolíferos. Sin embargo, el esquema contempla extender la obligatoriedad y el rastreo a distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio. La supervisión pretende generar una huella digital que impida la circulación de hidrocarburos de dudosa procedencia.
Implicaciones para el sector empresarial
El sector empresarial ha manifestado reservas sobre la complejidad de la instrumentación del mecanismo. Alicia Zazueta destacó que el peso real de la regulación recaerá en la adaptación operativa de las empresas. Por su parte, Carlos Aurelio Hernández advirtió que un diseño deficiente podría generar costos burocráticos adicionales y tensiones en el flujo de efectivo de las estaciones de servicio.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone aprovechar la infraestructura de información existente en estaciones de servicio para evitar duplicidad burocrática. Integrar bases de datos del SAT, la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) permitiría una fiscalización cruzada y automatizada.
Impacto para los consumidores y el mercado
La implementación del candado fiscal no representa un incremento en el precio de la gasolina magna, premium o diésel. “La implementación de este candado fiscal no representa un incremento en el precio de la gasolina magna, premium o diésel”. El mecanismo es un control tributario sobre un gravamen ya existente y no un impuesto nuevo.
El beneficio directo para el ciudadano es la depuración del mercado y la protección de recursos públicos. Se garantiza un abasto transparente, seguro y con estándares estables de calidad en todo México.