La acción legal denuncia detención arbitraria, condiciones inadecuadas y abuso de procedimientos migratorios durante el operativo de 2025.
Más de 300 técnicos e ingenieros surcoreanos interpusieron reclamaciones administrativas contra la Administración Donald Trump y nueve agencias federales de Estados Unidos, tras una redada realizada el 4 de septiembre de 2025 en el complejo de manufactura de baterías de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en Ellabell, Georgia.
El operativo fue ejecutado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes contaron con apoyo de helicópteros, drones y unidades armadas. Durante la redada, 475 personas fueron retenidas e interrogadas bajo sospecha de infringir normativas de empleo y condiciones de visados. Más de 300 de los retenidos eran ciudadanos surcoreanos especializados en la instalación de maquinaria robótica y sistemas de alta precisión.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la acción, argumentando persecución de delitos laborales y uso irregular de permisos de internamiento temporal. Sin embargo, los equipos jurídicos de los afectados demostraron que la orden judicial original presentaba inconsistencias técnicas y no justificaba la magnitud del operativo. Los trabajadores permanecieron siete días bajo custodia en centros de detención del ICE.
Reclamaciones por trato y condiciones durante la detención
Las reclamaciones administrativas se dirigen contra el FBI, Departamento de Justicia, Departamento de Trabajo, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras cinco agencias federales. Los afectados denunciaron detención arbitraria, uso de grilletes en manos, cintura y tobillos simultáneamente, y la obligación de firmar documentos solo en inglés bajo amenazas de prolongar el encierro o deportación sumaria.
Los centros de detención operaban sobre su capacidad, con falta de suministros médicos, alimentos adecuados y acceso a comunicación consular. Se reclaman indemnizaciones por confiscación temporal de bienes, pérdida de ingresos y trastornos de estrés postraumático.
Implicaciones diplomáticas y legales
La redada provocó una crisis diplomática entre Estados Unidos y Corea del Sur. El gobierno surcoreano emitió notas de protesta exigiendo la liberación y protección consular de los ingenieros. El operativo afectó la confianza de conglomerados internacionales en inversiones en Estados Unidos.
La contratación de técnicos extranjeros está relacionada con la necesidad técnica para operar maquinaria especializada en la planta de celdas de litio. El conflicto legal se centra en la rigidez y vacíos normativos de las categorías de visado temporal en Estados Unidos, especialmente entre visados B-1 y H-1B o L-1. Las reclamaciones avanzan hacia una demanda colectiva formal en tribunales federales estadounidenses, y el precedente legal podría obligar a agencias federales a rendir cuentas sobre operativos en propiedad privada y proteger derechos civiles de trabajadores expatriados.