Gobiernos municipales de Puebla, Chiapas y Oaxaca fueron disueltos por vacíos de poder tras capturas por delitos como extorsión y nexos con el crimen organizado.
Siete gobiernos municipales en México desaparecieron formalmente desde enero de 2025, luego de la detención de sus alcaldes por delitos como cohecho, desaparición forzada y nexos con el crimen organizado. Esta medida extrema, regulada por las leyes orgánicas municipales de cada estado, fue consecuencia directa de un vacío de poder tras las capturas de los presidentes municipales.
Cinco de los casos ocurrieron en Puebla, uno en Chiapas y uno en Oaxaca. Tras la detención de los alcaldes, regidores y síndicos presentaron su renuncia, lo que imposibilitó la realización de sesiones y llevó a los Congresos estatales a votar la revocación del mandato del Cabildo y designar un Concejo Municipal temporal.
Casos destacados en Puebla, Chiapas y Oaxaca
En Chiapas, el alcalde interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido el 5 de enero de 2025. La Fiscalía General del Estado de Chiapas amplió la investigación en su contra por desaparición forzada, extorsión agravada y homicidio, con presuntos vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Puebla, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, fueron detenidos en marzo de 2025 por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Posteriormente, Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires y padre de ambos, fue detenido por presuntos vínculos con robo de combustible y narcotráfico. El Congreso de Puebla declaró la desaparición de los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.
En septiembre de 2026, Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, fue investigado por presuntos vínculos con robo a transporte de carga y secuestro. Ese mismo mes, Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, fue detenido por abuso de autoridad y cohecho. En Oaxaca, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026 por extorsión agravada.
Transición y continuidad de servicios municipales
Tras la desaparición de los ayuntamientos, el Concejo Municipal asumió funciones de gobierno, presupuesto y seguridad pública. Servicios como recolección de basura, suministro de agua y alumbrado público continuaron operando bajo la administración del Concejo Municipal. Las oficinas de Registro Civil y trámites municipales permanecieron abiertas durante la transición.
La seguridad pública fue temporalmente asumida por la Policía Estatal o la Guardia Nacional. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, extendió la Operación Enjambre al estado de Puebla para desarticular redes de protección institucional del crimen organizado.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, 111 funcionarios públicos fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado.