Siete personas detenidas y procesadas; el Gobierno de México anuncia avances con nuevas pruebas tecnológicas y documentales.
El Gobierno de México anunció avances significativos en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al vincular a la funeraria El Ángel y al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala con los hechos. Siete personas han sido detenidas y vinculadas a proceso en relación con esta nueva línea de investigación.
Las autoridades informaron que se han utilizado análisis de pruebas tecnológicas y documentales que no habían sido consideradas previamente. Entre los detenidos se encuentran exservidores públicos de alto nivel en Guerrero, así como personal vinculado a la funeraria privada y al Semefo de Iguala. Los detenidos fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano.
Relación operativa y órdenes de aprehensión
Se identificó una presunta relación operativa entre la funeraria El Ángel y el Semefo de Iguala durante los días clave de la desaparición de los estudiantes. En el marco de esta investigación, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión.
Actualmente, hay 168 personas sujetas a proceso penal por hechos relacionados con el caso Ayotzinapa. De estas, 130 permanecen en prisión preventiva y 38 bajo medidas cautelares distintas. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, dos empresarios y cuatro civiles.
Exfuncionarios y compromiso gubernamental
Entre los exservidores públicos detenidos figuran un exgobernador del estado de Guerrero, una exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, una visitadora del mismo tribunal y un médico legista.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, informaron sobre el reanálisis de millones de documentos con nuevas herramientas tecnológicas. El Gobierno de México se comprometió a intensificar operativos de búsqueda e investigaciones en campo y mantiene la investigación sobre el destino y manipulación de videograbaciones relacionadas con los hechos.
Se garantiza el diálogo constante con las familias de los jóvenes desaparecidos y el respeto a sus derechos. Arturo Medina afirmó que “ninguna persona está por encima de la ley” y que se continuará investigando para llevar a los responsables ante la justicia.
