Miguel Ángel Solano Ruiz permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano mientras se investigan operaciones de contrabando de hidrocarburos en Altamira, Tampico y Guaymas.
Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como ‘El Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por una jueza federal por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante aduanas marítimas. La decisión fue tomada por la jueza Mariana Vieyra Valdés del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien determinó que existen datos suficientes para continuar la investigación penal en su contra.
La Fiscalía General de la República presentó elementos que apuntan a la posible existencia del delito y la probable participación de Solano Ruiz. La resolución establece que Solano Ruiz permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano y que la investigación complementaria tendrá un plazo de seis meses.
Detalles de la audiencia y proceso penal
La audiencia de vinculación a proceso inició a las 5:00 horas y concluyó a las 9:37 horas del 8 de octubre de 2026. Durante la audiencia, Solano Ruiz se reservó su derecho a declarar. La resolución contempla que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa dispondrán de seis meses para reunir elementos adicionales.
Solano Ruiz fue detenido el 2 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, tras permanecer prófugo aproximadamente 13 meses y medio. La detención fue coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La orden de aprehensión fue emitida el 19 de agosto de 2025 por un juez federal de Almoloya de Juárez. Además de Solano Ruiz, se ordenó la detención de cinco marinos y siete civiles presuntamente integrantes de la organización.
Acusaciones y red de operaciones
La investigación señala que la presunta estructura criminal utilizó las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, para introducir combustible sin cumplir obligaciones fiscales. Solano Ruiz habría fungido como enlace entre funcionarios aduaneros, mandos navales y otros integrantes de la organización, facilitando la descarga de embarcaciones con hidrocarburos introducidos irregularmente.
Se le atribuye la gestión de sobornos, comunicación con mandos superiores y la intervención para resolver obstáculos en operaciones portuarias. La Fiscalía General de la República acusa a Solano Ruiz de coordinar pagos a integrantes de la Marina que administraban recintos aduaneros. Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y testigo protegido, declaró que Solano Ruiz recibía un millón 750 mil pesos por cada embarcación con combustible irregular descargada. Torres Joaquín permitió la descarga de 14 de 31 buques investigados entre abril de 2024 y enero de 2025.
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar escribió una carta el 14 de junio de 2024 dirigida a Rafael Ojeda Durán, señalando que Solano Ruiz le entregaba 200 mil pesos mensuales como bono. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024.
Testimonios y operaciones en otros puertos
Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas y testigo colaborador, declaró que en marzo de 2025 Solano Ruiz intervino para permitir la descarga del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora. Soto Picha relató que recibió un mensaje de Solano Ruiz indicando que se haría una llamada al Secretario de Marina por un asunto relacionado con una persona llamada ‘Andy’. Soto Picha comentó lo ocurrido con una persona llamada Cordero, quien dijo que era un asunto político.
La investigación también relaciona a Solano Ruiz con Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos navales señalados como presuntos dirigentes de la estructura y sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Situación legal y antecedentes procesales
Solano Ruiz fue el último de 13 imputados en ser capturado. El 8 de julio de 2026 obtuvo un amparo que invalidó la orden de aprehensión por cuestiones formales, pero la Fiscalía impugnó el amparo y la orden de captura fue ejecutada antes de la resolución definitiva. El término huachicol fiscal se refiere a prácticas de evasión de impuestos relacionadas con la importación o comercialización de combustibles mediante documentos aduaneros falsos o incorrectos. La investigación se centra en operaciones de embarcaciones, documentación de importación y actos de corrupción en aduanas marítimas.