La medida también regula el uso de dispositivos móviles en niveles medio superior y superior; entrará en vigor el 3 de noviembre.
El Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles durante la jornada escolar en educación básica. Esta medida también regula la presencia de estos aparatos en los niveles medio superior y superior.
La iniciativa busca modificar la Ley General de Educación para respaldar legalmente las políticas públicas de la autoridad educativa. En educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria, queda prohibido el manejo de aparatos digitales durante el horario de clases, salvo en casos de emergencia o actividades académicas programadas.
Regulación en niveles medio superior y superior
En educación media superior, el uso de teléfonos será limitado conforme al contexto y necesidades de cada plantel, mediante acuerdos entre directivos, maestros y alumnos. Para el nivel superior, se fomentará el uso responsable, ético y seguro de tecnologías digitales, de acuerdo con las normativas internas de cada comunidad universitaria.
Consulta nacional y argumentos en el Senado
En una consulta nacional realizada en agosto, participaron más de 565 mil figuras educativas, de las cuales el 81 por ciento apoyó medidas nacionales para regular el uso de celulares. El presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa Ortega, citó datos de la UNESCO sobre la reducción de atención y rendimiento académico por la presencia del celular en el aula. El senador Alberto Anaya afirmó que el uso indiscriminado de teléfonos frena la creación de redes neuronales en niños, mientras que la senadora Guadalupe Murguía señaló que el uso de teléfonos dificulta mantener el interés en clase y afecta el aprovechamiento escolar.
Próximos pasos y entrada en vigor
Para que la regulación tenga validez oficial, debe continuar con el trámite parlamentario, incluyendo turno a la Mesa Directiva, votación en el Pleno y armonización de la ley. Una vez aprobada y promulgada, las escuelas públicas y privadas deberán adaptar sus reglamentos internos a estas reglas. La disposición entrará en vigor el 3 de noviembre.