La orden ejecutiva afecta disposiciones de la ley Lindsey Graham y permite operaciones comerciales con diésel ruso hasta 2027
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender temporalmente la aplicación de varias disposiciones de una ley que endurece las sanciones contra Rusia, argumentando interés nacional de Estados Unidos.
La ley, promulgada por Trump el 18 de septiembre y nombrada en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, busca incrementar la presión económica sobre Rusia y limitar los recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania. La suspensión temporal afecta sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como restricciones financieras, comerciales y aranceles aplicables a productos rusos y mercancías de países que compran hidrocarburos a Rusia.
La orden ejecutiva no elimina sanciones impuestas previamente a Rusia mediante otras órdenes ejecutivas. Las exenciones permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas. Además, la orden delega en distintas dependencias del Gobierno la aplicación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.
Acuerdo energético y operaciones comerciales
Washington autorizó temporalmente operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos. El 9 de octubre, Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para suministrar diésel a los mercados internacionales con el objetivo de aliviar los precios de energía y combustibles. Según lo acordado, Rusia entregaría inicialmente más de 300 mil toneladas de combustible y posteriormente cantidades adicionales sujetas al estado de sus refinerías.
Reacciones y críticas legislativas
El acuerdo ha generado críticas de legisladores de ambos partidos por sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense. Los detractores advierten que los ingresos por la venta de combustible ruso podrían financiar la guerra contra Ucrania. Por su parte, la Administración de Trump defiende la necesidad de contener los costos de la energía.