La Auditoría Superior de la Federación revisa contrataciones, adjudicaciones directas y uso de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles irregularidades en contrataciones y uso indebido de recursos públicos.
La revisión de la ASF abarca al INE, Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, proveedores y funcionarios relacionados. El análisis incluye indicios de anomalías en contrataciones, presuntas colusiones y triangulación de recursos.
Cuatro tipos de posibles irregularidades bajo revisión
La ASF investiga cuatro posibles tipos de irregularidades: irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, presunta colusión y posible triangulación de recursos. Entre los casos señalados, empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron contratos mediante adjudicaciones directas.
El análisis de la ASF contempla la revisión de contratos, montos, empresas participantes, procedimientos y la posible intervención de servidores públicos. La investigación busca esclarecer cómo se realizaron las contrataciones, qué empresas participaron y si se cumplieron los procedimientos aplicables.
Colaboración institucional y proceso de fiscalización
La Presidencia del Consejo General del INE expresó respaldo a la investigación de la ASF y manifestó que colaborará con las autoridades. En un comunicado, la Presidencia del INE consideró congruente la investigación y aseguró que entregará la información requerida. Los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Órgano Interno de Control del INE.
La ASF difundió un comunicado el 23 de octubre en el que señaló que la investigación se realizará con “absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. La ASF es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales, incluyendo a los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, gobiernos estatales y municipales, entidades públicas y privadas, y personas físicas o morales que manejen recursos públicos federales.