Los sentenciados deberán pagar multas y reparaciones tras la muerte de Fernandito, de 5 años, en el Estado de México.
Un juez con sede en Toluca condenó a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz a 78 años y 9 meses de prisión por el secuestro y muerte de Fernandito, un niño de 5 años, en el municipio de La Paz, Estado de México. Los tres sentenciados, miembros de la misma familia, deberán pagar una multa de un millón 258 mil 682 pesos, así como reparaciones por daño moral de 618 mil 712 pesos y daño material de 39 mil pesos. Además, se suspendieron sus derechos políticos y civiles.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la responsabilidad de los tres en el delito de secuestro que causa la muerte y desaparición de personas. Los hechos ocurrieron cuando, el 28 de julio de 2025, privaron de la libertad al menor para presionar a su madre a pagar una deuda de mil pesos que, según los sentenciados, tenía con ellos. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre intentó recuperar a su hijo en el domicilio de los agresores sin éxito.
El 3 de agosto, la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz para informar que una conocida tenía a su hijo y se negaba a devolverlo. Un prestador de servicio social comunicó la queja al agente del Ministerio Público, quien indicó esperar a la licenciada Brenda y sugirió acudir a la agencia de Ministerio Público de Género. La madre se retiró sin presentar denuncia ese día y la formalizó el 4 de agosto de 2025.
Ese mismo día, un operativo localizó al niño sin vida en el domicilio de los sospechosos. El cuerpo fue encontrado en bolsas en el patio de la vecindad, con olor fétido y en estado de descomposición. Los exámenes forenses documentaron fracturas en clavícula y costilla, lesiones contusas y determinaron que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. El menor murió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.
Consecuencias legales y acciones adicionales
Los tres sentenciados permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México habilitó un correo y teléfono para reportar si los sentenciados son responsables de otros delitos. Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una investigación por posible abuso de autoridad de servidores públicos involucrados en el caso.