María Virginia González Ramírez, derechohabiente del ISSSTE en Guaymas, Sonora, denunció la incapacidad del sistema para atender su fractura de antebrazo y la suspensión de sus terapias de rehabilitación debido a la falta de presupuesto.
El año pasado, tras sufrir la fractura, acudió a urgencias en la unidad del ISSSTE en Guaymas, donde un médico le indicó que requería reducción de la fractura y colocación de clavos. Sin embargo, esta unidad no contaba con la capacidad para realizar el procedimiento, por lo que fue enviada al Hospital ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza en Hermosillo.
En Hermosillo, el hospital tampoco tenía la capacidad para atender su fractura y solicitó que fuera trasladada a un hospital en Culiacán. La paciente rechazó este traslado debido a los gastos que implicaría para ella y su familia, ya que no se cubren los viáticos y el familiar debe asumir esos costos.
Finalmente, María Virginia fue enviada a otro hospital donde le redujeron la fractura, colocaron clavos y yeso. Tras recibir el alta, acudió mensualmente con el traumatólogo en Guaymas para seguimiento y se le indicó realizar 10 terapias físicas para su rehabilitación.
Sin embargo, solo pudo recibir seis sesiones porque el presupuesto para terapias se agotó. La administración del ISSSTE informó que no había recursos para continuar con la rehabilitación y que debía esperar la autorización de un nuevo presupuesto. Al regresar nuevamente, le confirmaron que el presupuesto seguía agotado, impidiéndole completar las terapias indicadas.
Ante esta situación, la paciente difundió una queja pública donde cuestiona la falta de capacidad resolutiva del Hospital ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza y la ausencia de alternativas oportunas cuando una unidad médica no puede cubrir las necesidades del derechohabiente.
María Virginia destacó que esta situación genera un desgaste físico, emocional y económico tanto para ella como para su familia. Además, enfatizó que como derechohabientes tienen derecho a recibir atención médica digna y un hospital adecuado, tal como lo establece la Constitución.