Organizaciones civiles acusan a Andrés López Beltrán y Amílcar Olán de corrupción y desabasto de tratamientos oncológicos
Organizaciones civiles y familiares de pacientes pediátricos presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalados como presuntos responsables de la muerte de más de 5 mil niños con cáncer debido a la crisis de desabasto de tratamientos oncológicos en hospitales públicos de México.
La querella colectiva será promovida por el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. La denuncia será presentada ante el Ministerio Público federal en la Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México.
Acusaciones y cargos en la denuncia
La denuncia penal detalla redes de corrupción y la operación de empresas fantasma que, según los denunciantes, colapsaron el suministro de medicamentos oncológicos. Los cargos que se imputarán son genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. El documento argumenta que la escasez prolongada de medicamentos fue resultado de decisiones coludidas que afectaron la supervivencia infantil.
La empresa Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán, concentró recursos públicos para abastecer insumos médicos a gobiernos estatales. Las redes de suministro operaban mediante asignaciones directas sin licitaciones rigurosas, simulación de entregas y vínculos de influencia política.
Implicaciones políticas y situación de los señalados
Andrés López Beltrán está registrado como aspirante a una diputación federal por Morena. Amílcar Olán fue reportado residiendo temporalmente en Lugano, Suiza, y desocupó su inmueble tras exposición mediática. Además, Olán recibió al menos 58 millones de pesos del Poder Judicial por rentar un inmueble vinculado con la Notaría 27 de Adán Augusto.
La Fiscalía General de la República indicó que no existen carpetas de investigación formalizadas ni indagatorias en curso contra Olán ni López Beltrán. Los padres de familia buscan que el Ministerio Público valore pruebas periciales y testimoniales para avanzar en la investigación.