Investigación de la Universidad de California en Berkeley revela uso de vigilancia militar y alta impunidad entre 2018 y 2024
Una investigación del Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California en Berkeley documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El estudio, titulado “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, abarca el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024.
De las 337 víctimas registradas, 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. La investigación también documentó 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
Vigilancia y espionaje militar
El Human Rights Center encontró evidencia del uso de Pegasus y otras herramientas de vigilancia por instituciones militares durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está vinculada con la adquisición y operación de sistemas de espionaje como Pegasus. Entre 2019 y 2023 se utilizó la tecnología Cellebrite UFED para extraer y analizar información de dispositivos móviles.
Acoso digital, procesos legales y patrones de ataques
El equipo de Berkeley analizó más de 1400 conferencias presidenciales para identificar patrones de señalamientos y ataques contra periodistas y defensores. La investigación documentó campañas de acoso digital y el uso de procesos civiles y penales contra críticos. La impunidad por delitos contra periodistas y defensores se mantuvo entre 93% y 99% durante el periodo analizado.
La plataforma desarrollada por el HRC reúne una base de datos de víctimas, 75 expedientes de casos, análisis de conferencias presidenciales, organigramas de seguridad y apartados sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad.
Implicaciones jurídicas y declaración
La investigación fue concebida inicialmente como un posible expediente para la Corte Penal Internacional, pero se convirtió en una plataforma pública de investigación. El estudio plantea la cuestión jurídica de si los hechos documentados constituyen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil conforme al Estatuto de Roma.
“Lo que hemos documentado es una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa . Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.