El gobierno estadounidense anunció restricciones financieras y operativas contra la CPI horas después de que Navi Pillay, integrante del tribunal, recibiera el Nobel.
Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones financieras y restricciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) pocas horas después de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, exjueza sudafricana e integrante de la CPI.
La administración de Donald Trump busca impedir que la CPI procese a ciudadanos o militares estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó medidas adicionales para “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”.
Las sanciones anunciadas se suman a las que ya pesan sobre 17 personas vinculadas a la CPI. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que el país nunca se adhirió al Estatuto de Roma y no reconoce la competencia legal de la CPI.
Estados Unidos busca proteger a militares en servicio activo, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes políticos elegidos de ser procesados por la CPI. El gobierno estadounidense prohibirá transacciones económicas con la CPI para recortar sus recursos operativos. Además, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales para autorizar transacciones específicas que protejan intereses estratégicos de Estados Unidos.
Rubio manifestó confianza en alcanzar una solución diplomática con los países miembros de la CPI.
Respuesta de la Corte Penal Internacional
La CPI calificó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional. El tribunal señaló que las restricciones cuestionan el principio de que ninguna persona ni Estado está por encima de la legislación internacional. La CPI expresó su rechazo a las presiones económicas y afirmó que “la historia juzgará este momento”.
La Corte Penal Internacional es un organismo judicial independiente fundado en 2002 con sede en La Haya, Países Bajos. Juzga a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Un total de 125 países están adheridos a la CPI, incluyendo todos los miembros de la Unión Europea y la mayoría de los integrantes de la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía. Administraciones estadounidenses de ambos partidos han rechazado que un tribunal externo juzgue a ciudadanos o personal militar estadounidense.
Las sanciones estadounidenses buscan congelar activos y restringir el uso del sistema financiero norteamericano para las operaciones de la CPI. La CPI mantiene sus mandatos vigentes con el respaldo de los 125 países firmantes.