La medida, supervisada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, busca combatir delitos telefónicos y obliga a operadores a validar la identidad de los usuarios.
El Gobierno de México, bajo la supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha implementado la obligación de vincular todas las líneas de telefonía móvil a la CURP y un documento oficial con fotografía. Esta medida aplica tanto para tarjetas SIM en modalidad de prepago como de pospago, y tiene como objetivo combatir delitos telefónicos.
Las líneas que no completen la validación serán suspendidas de manera progresiva en servicios entrantes y salientes, permitiendo únicamente llamadas de emergencia. La fecha límite para vincular líneas terminadas en 2 y 3 es septiembre de 2026, con el fin de evitar la suspensión de servicios.
Validación y resguardo de datos personales
El esquema actual traslada la custodia de la información personal a los concesionarios de telefonía, quienes deben operar bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Operadores como Telcel, AT&T, Movistar y Operadores Móviles Virtuales están obligados a validar la identidad de los usuarios.
La medida ha generado preocupación por la centralización y posible filtración masiva de datos personales. Usuarios han buscado alternativas legales, como juicios de amparo, para proteger su información.
Alternativas legales y debate sobre privacidad
El juicio de amparo se fundamenta en argumentos de invasión a la privacidad, violación al principio de presunción de inocencia y afectación al derecho de acceso a las telecomunicaciones. Aquellos que obtienen una suspensión provisional mediante amparo pueden evitar la desconexión de su línea sin vincular su CURP mientras se resuelve el fondo del asunto.
Algunos usuarios han optado por adquirir eSIM y chips extranjeros, que no requieren identificación mexicana. Sin embargo, estas opciones presentan limitaciones operativas en México, como la pérdida de servicios bancarios y costos elevados de roaming.
Antecedentes y futuro del registro
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. El debate actual refleja la tensión entre las estrategias gubernamentales para frenar la delincuencia y la protección de la intimidad digital. La resolución final de los tribunales federales sobre los amparos determinará la consolidación o modificación del esquema de registro obligatorio.