Quedan 552 mil pesos por aclarar tras auditoría a honorarios en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que permanece en proceso de aclaración un monto de 552 mil 126 pesos correspondiente a pagos realizados a trabajadores eventuales, cuya prestación de servicios no pudo ser completamente acreditada ante el Órgano Interno de Control (OIC).
De acuerdo con el INE, la auditoría DAA/03/ESP/2025 observó inicialmente 673 mil 231 pesos en pagos a cuatro trabajadores eventuales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), de los cuales solo quedan por aclarar 552 mil 126 pesos. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores acreditó con evidencia documental actividades por 121 mil 126 pesos.
El INE respondió a una nota publicada por El Universal que documentó observaciones del OIC al Instituto en enero de 2026. El organismo señaló que una observación de auditoría no constituye una determinación definitiva de daño patrimonial, desvío de recursos o responsabilidad administrativa. “Los recursos observados tuvieron el carácter de montos sujetos a aclaración. Una observación de auditoría no constituye, por sí misma, una determinación definitiva de daño patrimonial, desvío de recursos o responsabilidad administrativa”, indicó el INE.
Pagos, aclaraciones y observaciones en distintas áreas
El INE pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios de ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados ante el OIC entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Los ocho trabajadores pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y a la DERFE. Para los cuatro trabajadores de la DEA, el OIC detectó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos entre 2023 y 2025. Sus funciones incluían consultor técnico HRMS & FINANTIALS, consultor líder funcionar HRMS, consultor de desarrollo y coordinador de proyecto, con salarios netos quincenales de 22 mil a 47 mil pesos.
La Dirección Ejecutiva de Administración presentó soporte documental suficiente para acreditar actividades por 5 millones 606 mil 272 pesos, solventando parcialmente la recomendación correctiva. “La Dirección Ejecutiva de Administración presentó soporte documental suficiente para acreditar la realización de las actividades descritas en los informes de los prestadores de servicios y en las cédulas de descripción de actividades y perfil de puesto. En consecuencia, el OIC determinó debidamente solventada la recomendación correctiva por un monto de 5 millones 606 mil 272 pesos”, señaló el INE.
En el caso de la DERFE, los trabajadores tenían funciones como técnico en gestión documental, gestor de información jurídica, oficial jurídico registral, supervisor de revisión documental registral y líder de proyecto. Los honorarios devengados por estos cuatro trabajadores entre 2023 y 2025 sumaron 673 mil 231 pesos por aclarar.
La auditoría constató que titulares de área o personal de mando de la DERFE supervisaron o vigilaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios que no entregaron informes de actividades. “Se constató que los titulares de área o personal de mando de la DERFE supervisaron o vigilaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios de honorarios permanentes, toda vez que estos no entregaron informes de actividades”, se reportó.
Inconsistencias y seguimiento a observaciones
La auditoría encontró 43 inconsistencias documentales en la DERFE y 27 en la DEA relacionadas con falta de informes o evidencia documental para acreditar actividades de personal contratado por honorarios. Además, se detectaron 15 inconsistencias en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional por contratación de personal que ejecutaba actividades no correspondientes con su perfil. En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se presentaron 27 irregularidades relacionadas con funciones no suficientemente acreditadas, y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 26 irregularidades por diferencias entre funciones del perfil y actividades reportadas.
Nueve personas adscritas a la Unidad Técnica de Fiscalización presentaron servicios por honorarios que no pudieron comprobarse completamente. Aunque se presentaron informes de trabajo, la auditoría concluyó que tener informes no necesariamente acredita el cumplimiento de todas las funciones.
Los prestadores de servicios eventuales acreditaron parcialmente el cumplimiento de funciones específicas según la ‘Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto’. “Si bien estos prestadores remitieron informes de actividades con una periodicidad quincenal o mensual, se observa que dichos informes no evidencian el desarrollo de diversas funciones previstas en la cédula del puesto durante el periodo evaluado”, se indicó.
El INE subrayó que las observaciones abiertas están en proceso de aclaración y seguimiento, sin que se haya iniciado una etapa de investigación. “A la fecha, las observaciones que permanecen abiertas se encuentran en proceso de aclaración y seguimiento, sin que se haya determinado el inicio de una etapa de investigación. El INE continuará atendiendo las observaciones y recomendaciones pendientes hasta que el Órgano Interno de Control determine formalmente su solventación”.
Nombramientos, despidos y transparencia
El consejero Arturo Castillo reclamó que desde 2025 se nombraron 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin el consenso del Consejo General. “En lo que va de este año se han nombrado, sin el consentimiento de este Consejo General, 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, algunos sin cumplir siquiera con los requisitos legales para su nombramiento, y se han despedido al menos a 836 personas”, expresó.
El INE confirmó que los contratos concluidos corresponden solo a trabajadores temporales por honorarios y por proyecto, sin eliminar plazas estructurales. Castillo también señaló que las áreas del INE han bloqueado el acceso a información a las consejerías, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas. “Y pese a las solicitudes de las consejerías, aún no contamos con información sobre los perfiles y el nivel de ocupación de estos espacios. Las áreas del instituto han bloqueado activamente el acceso a la información a las consejerías. Estas omisiones y negativas limitan seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para corregir los procesos”, afirmó.