Autoridades presentan avances en la investigación, detenciones y nuevas líneas científicas sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El informe del gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa expone la existencia de una red criminal relacionada con servicios funerarios y presenta avances en la investigación, incluyendo detenciones relevantes.
Las autoridades identificaron y detuvieron a un testigo que, a los 14 años, fue vigilante para una organización criminal y presuntamente actuaba como ‘halcón’. Además, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron cuatro nuevas líneas de investigación científica sobre el caso.
El informe permitió la detención del exgobernador de Guerrero y el descubrimiento de una red criminal vinculada a servicios funerarios. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán informaron que se reanalizaron documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años utilizando nuevas tecnologías.
Vínculos entre Guerreros Unidos y servicios funerarios
El reanálisis de registros telefónicos de septiembre de 2014 identificó a 17 nuevos objetivos que conectan al grupo delictivo Guerreros Unidos con policías locales y empresarios funerarios. Se detectó que el propietario de la Funeraria El Ángel utilizó el teléfono celular del estudiante Julio César Mondragón Fontes pocos días después de su desaparición.
Cateos realizados en la funeraria y en el Servicio Médico Forense de Iguala revelaron un horno crematorio clandestino, restos óseos en un colchón y certificados de defunción firmados en blanco. Peritajes determinaron que un resto óseo enterrado detrás del forense de Iguala coincidió genéticamente con fragmentos recuperados en 2021 en Taxco.
Detenciones, procesos y colaboración internacional
La fiscalía detuvo y vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero por desaparición forzada tras declaraciones sobre ocultamiento de videos del Palacio de Justicia. Análisis telefónicos demostraron que exservidores públicos usaron teléfonos de estudiantes desaparecidos después de los hechos en Iguala.
La revisión del uso de dispositivos reforzó la hipótesis de que un grupo de normalistas ingresó a la barandilla municipal de Iguala antes de su desaparición. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, se procesaron 168 personas, de las cuales 130 permanecen en prisión preventiva.
El Gobierno de México acordó una nueva ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar expertos independientes en la investigación.