En la Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, dio a conocer una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988. Este proyecto busca establecer una nueva relación entre desarrollo, bienestar y naturaleza, fundamentada en la justicia ambiental.
Actualización integral ante retos ambientales
La propuesta responde a desafíos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de ecosistemas. Incluye un programa de restauración ecológica, mecanismos para enfrentar el cambio climático y disposiciones que fortalecen la prevención, reparación y remediación de daños ambientales.
Además, se plantea que los grandes proyectos consideren una evaluación estratégica ambiental previa, evitando la fragmentación para analizar impactos integrales, lo que representa un cambio hacia una política basada en la prevención en lugar de la sanción.
Enfoque social y participación ciudadana
La política ambiental promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum sitúa en el centro a las personas, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. La iniciativa incorpora el reconocimiento de saberes ancestrales y busca fortalecer el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana en decisiones sobre territorio y recursos naturales.
Se incluye un capítulo especial para proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, así como para fortalecer la protección del patrimonio biocultural.
Innovación, economía circular y certeza jurídica
La iniciativa integra avances científicos, innovación y nuevas tecnologías para promover una transición hacia una economía circular y un manejo más responsable de los recursos naturales. También busca brindar mayor certeza jurídica a comunidades e inversiones, especialmente en zonas con posibles conflictos socioambientales.
Entre sus principios destaca considerar al patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar. La secretaria Bárcena Ibarra afirmó que esta ley será fundamental tras 40 años de vigencia del marco jurídico actual.
El proyecto pretende garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, con énfasis en la protección de la salud y el futuro de las nuevas generaciones.