La reforma implicará fiscalización conjunta del SAT, IMSS y STPS, así como la eliminación de esquemas informales de contratación.
La jornada laboral en México será reducida a 40 horas semanales a partir de 2027. Esta reforma implicará un aumento de entre 20% y 30% en los costos operativos de las organizaciones, debido a la necesidad de contratar nuevo personal, reestructurar plantillas e invertir en tecnología para la gestión y control de asistencia.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria mantendrán una fiscalización interconectada para supervisar el cumplimiento de la nueva normativa. Si se detectan inconsistencias en el registro de la jornada o en el pago de horas extra, se activarán revisiones y sanciones paralelas contra los patrones.
Eliminación de esquemas informales y nuevas exigencias
La reducción de la jornada laboral exigirá eliminar prácticas como el encadenamiento de contratos temporales, la simulación de servicios, la disminución proporcional del sueldo y los controles de asistencia informales. La normativa requerirá la implementación de sistemas electrónicos de registro de asistencia en las empresas.
Impacto en sectores y recomendaciones para empresas
Los sectores con mayor impacto económico serán la industria manufacturera con tres turnos y las empresas con equipos comerciales masivos o fuerza de ventas en campo. Las excepciones a los límites de la jornada aplican para transporte, embarcaciones, aviación, plataformas petroleras y agentes comerciales.
Se requiere reestructurar procesos internos e integrar innovación tecnológica para mantener la productividad sin cerrar negocios. Se recomienda acompañamiento especial a micro y pequeñas empresas para mitigar el impacto financiero y evitar cierres.
Una de las advertencias expresadas es: “Pretender recortar el salario bajo el pretexto de trabajar menos horas, violando el principio de que el sueldo es un derecho adquirido e irrenunciable.”
