El empresario, socio de Ernesto Ruffo Appel en Ingemar, continuará su proceso penal en su domicilio tras dejar el penal de máxima seguridad El Altiplano.
Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo Appel en la empresa Ingemar, obtuvo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, tras una modificación judicial en su prisión preventiva. Thompson Navarro abandonó el Cefereso No. 1 ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y fue trasladado a un inmueble en Ensenada, donde continuará su proceso penal.
La prisión preventiva oficiosa deberá cumplirse en el domicilio del empresario y no en el penal de máxima seguridad. Thompson Navarro fue detenido el 16 de julio en Ensenada y, siete días después, fue vinculado a proceso por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
Otros implicados con prisión domiciliaria
Cinco de los nueve implicados en el caso han obtenido prisión domiciliaria. Entre ellos se encuentran Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez, y los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales. Ernesto Ruffo Appel dejó el Altiplano el 27 de septiembre y fue trasladado a su domicilio en Ensenada. Guillermo y José María de la Peña Rosales cumplen prisión domiciliaria desde el 23 de julio en Saltillo, Coahuila.
Acusaciones y cifras del caso
La Fiscalía General de la República sostiene que Thompson Navarro y otros imputados forman parte de una red dedicada al contrabando de combustibles mediante ferrotanques. Durante 2025, Ingemar habría importado 2,137,455,156.22 litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. habría introducido 225,633 litros sin permisos de la Secretaría de Energía. Las autoridades federales aseguraron 18,024.86 litros de hidrocarburos relacionados con estas operaciones en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.
El daño a la Hacienda pública por la introducción ilegal de estos productos asciende a 166,466,735.26 pesos. Las operaciones habrían generado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos al erario. Ingemar estaría relacionada con operaciones que incluyen subdeclaración de volúmenes en los pedimentos para evadir impuestos. Las acusaciones forman parte del proceso penal en curso y la responsabilidad de los imputados será determinada en el procedimiento judicial.