El Congreso estatal deberá ajustar la legislación antes del proceso electoral 2026-2027 tras la resolución de la Corte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con la anulación de elecciones por intervención del crimen organizado. Entre las normas invalidadas se encontraba la posibilidad de anular una elección y sancionar candidaturas beneficiadas por actos de terceros.
El Pleno de la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, promovidas por legisladores de Morena, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y otros actores. La Corte determinó que no es constitucional sancionar a una candidatura únicamente por beneficiarse de actos de terceros sin acreditar responsabilidad directa.
La sentencia también cuestionó y anuló disposiciones que establecían responsabilidades objetivas o sanciones sin adecuada individualización. Además, se invalidaron normas relacionadas con las facultades interpretativas y reglamentarias de autoridades electorales, así como disposiciones sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
Omisión legislativa y armonización con la reforma federal
La SCJN determinó que el Congreso de Chihuahua incurrió en omisión legislativa al no armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal sobre injerencia extranjera, publicada el 2 de junio de 2026. El artículo 41 constitucional establece que una elección puede ser anulada por actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados.
El Congreso estatal deberá modificar la legislación para incorporar la causal de nulidad por injerencia extranjera antes del proceso electoral 2026-2027. El marco electoral de Chihuahua deberá ajustarse a los criterios establecidos por la SCJN en esta resolución.
Postura del Ejecutivo estatal
La gobernadora María Eugenia ‘Maru’ Campos solicitó a la SCJN mantener las disposiciones que permitían anular elecciones por intervención del crimen organizado. Sin embargo, la sentencia de la Corte invalidó dichas reglas, estableciendo nuevos lineamientos para el proceso electoral en Chihuahua.