El máximo tribunal invalidó sanciones automáticas y exige armonizar la legislación electoral local antes de los próximos comicios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y acumuladas, relacionadas con la reforma electoral en Chihuahua. El tribunal ordenó al Congreso local armonizar su legislación para incluir regulaciones claras sobre injerencia extranjera, nepotismo y proporcionalidad en las sanciones.
El fallo de la SCJN invalidó disposiciones que establecían sanciones automáticas en candidaturas, al considerar que no permitían individualizar la pena. Ministros como Irving Espinosa Betanzo señalaron que la automatización de castigos vulnera el principio de proporcionalidad, mientras que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz indicó que debe existir un margen de apreciación jurídica para la autoridad sancionadora.
Actualización obligatoria de la legislación electoral
La sentencia obliga a los legisladores de Chihuahua a corregir vacíos legales antes de los próximos comicios. La SCJN exige que las normas locales se apeguen al bloque de constitucionalidad para evitar sanciones desproporcionadas y omisiones sobre intervención externa y delincuencia sistemática. El fallo busca garantizar equidad, seguridad jurídica y proporcionalidad en las sanciones electorales.
Regulación de nulidad electoral y conductas ilícitas
La SCJN avaló que las elecciones puedan anularse si las conductas ilícitas son graves, dolosas y determinantes para alterar los resultados. La ministra Yasmín Esquivel defendió la necesidad de frenar conductas de intimidación y presión sobre el electorado. El tribunal enfatizó que “ningún congreso estatal establezca sanciones desproporcionadas o pase por alto fenómenos de relevancia nacional como la intervención externa y la delincuencia sistemática”.
El fallo busca evitar la discrecionalidad en los castigos y la impunidad frente a amenazas a la democracia, obligando al Congreso de Chihuahua a incorporar explícitamente la regulación sobre injerencia extranjera y nepotismo en su legislación electoral.