La legislación crea un Registro Nacional de Animales de Compañía y endurece sanciones por maltrato y omisiones en el registro.
El 29 de septiembre de 2026, el Senado de México aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con 115 votos a favor. Esta legislación establece la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía y un padrón público de infractores, con el objetivo de regular la tenencia y protección de los animales en el país.
En la Ciudad de México, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) opera el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), mientras que diversas entidades federativas y municipios han comenzado a estructurar censos locales para perros y gatos. El trámite para obtener la clave de identificación oficial de un animal es gratuito y se realiza de forma digital en las demarcaciones donde es obligatorio. El proceso incluye la creación de una cuenta de perfil, el registro de datos del animal, adjuntar fotografías y la generación de un documento oficial.
Multas y sanciones por incumplimiento y maltrato
Las multas administrativas locales en la Ciudad de México por no registrar mascotas o por faltas menores superan los 3,600 pesos y pueden incluir arresto administrativo de hasta 36 horas. A nivel federal, las sanciones por maltrato grave alcanzan multas superiores a 200,000 pesos y arrestos de hasta 36 horas. La ley contempla la creación de un padrón nacional de infractores para bloquear futuras adopciones.
Prohibiciones y obligaciones para tutores
La nueva ley prohíbe la venta de animales de compañía en la vía pública, comercios ambulantes y venta digital sin permisos sanitarios. También quedan prohibidas las peleas de perros, el uso de fauna en circos y la entrega de animales como premios en ferias o sorteos. Los tutores tienen la obligación jurídica de asegurar atención veterinaria preventiva, incluyendo visitas periódicas, vacunación y desparasitación.
El Instituto Belisario Domínguez reportó miles de denuncias anuales por maltrato animal con pocas sentencias condenatorias antes de la aprobación de esta ley.