Dictamen aprobado en comisiones del Senado de México prevé penas de uno a cinco años de cárcel; la reforma aún debe ser ratificada por el pleno.
México se encuentra en proceso de discusión de una reforma en materia de propiedad industrial que contempla penas de prisión para quienes utilicen o imiten la identidad gráfica de instituciones públicas bajo determinadas circunstancias. El dictamen fue aprobado el 23 de septiembre de 2026 por las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado, pero aún debe ser ratificado por el pleno y puede ser modificado durante el proceso legislativo.
La reforma prevé penas de uno a cinco años de prisión para la conducta prevista en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La conducta sancionada incluye la utilización, reproducción o imitación de identidad gráfica institucional con la finalidad de engañar sobre el origen oficial o para cometer otro ilícito. El dictamen aprobado modificó la redacción inicial para vincular la sanción con una intención ilícita y no con la simple elaboración de una parodia.
El término ‘Ley Antimemes’ surgió durante la discusión política y mediática, pero no es el nombre oficial de la ley. Actualmente, no existe una prohibición federal general para elaborar memes contra el Gobierno. El dictamen aprobado en comisiones contempla prisión para ciertos usos ilícitos de identidad gráfica institucional, no para toda parodia. La redacción definitiva dependerá de lo que apruebe el Congreso.
Comparativa con legislaciones nacionales e internacionales
En México, la difamación dejó de ser delito a nivel federal en 2007, aunque sigue vigente en los estados de Nuevo León y Yucatán. En Nuevo León, el artículo 345 del Código Penal establece penas de seis meses a tres años de prisión o multa por difamación. En Yucatán, el artículo 295 del Código Penal contempla de tres días a dos años de prisión o multa, con excepciones para expresiones relacionadas con funciones públicas.
A nivel internacional, Rusia incorporó en 2019 sanciones administrativas contra contenidos en internet que expresen “manifiesto irrespeto” hacia el Estado, con multas que pueden comenzar en 30 mil rublos. Nicaragua aprobó en septiembre de 2024 una reforma a su Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de tres a cinco años de prisión y multas por difundir información falsa o tergiversada que cause alarma. Angola mantiene disposiciones penales contra insultos a autoridades, con casos documentados de condenas por expresiones contra el presidente João Lourenço en redes sociales. En Zimbabwe, se han utilizado disposiciones penales contra expresiones dirigidas al presidente, incluyendo la detención en julio de 2025 de la editora Faith Zaba por acusaciones de insultar al presidente Emmerson Mnangagwa. Tailandia contempla en su artículo 112 del Código Penal penas de tres a 15 años de prisión por difamar, insultar o amenazar a la monarquía, aplicable también a publicaciones en internet.