La Comisión de Marina del Senado analiza un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, fue requerido para declarar en el marco de las investigaciones por huachicol fiscal.
La propuesta fue presentada por el senador priista Rolando Zapata Bello, quien busca que la FGR precise si durante el procedimiento penal relacionado con Fernando Farías Laguna se solicitó la declaración, testimonio o comparecencia de Ojeda. Además, pide conocer bajo qué calidad jurídica se solicitó su participación, si se realizaron acciones para notificarlo legalmente y cuál es el estado actual de dicha actuación.
Contexto de las investigaciones
Las pesquisas se centran en una presunta red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilícita de combustibles por vía marítima. Se indaga la probable participación de particulares, servidores y exservidores públicos, incluyendo a integrantes y exintegrantes de la Secretaría de Marina, como Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda.
En marzo de 2025, la FGR aseguró un buque en Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburos, lo que confirmó la existencia de un entramado ilícito. El 7 de septiembre de 2025, la Fiscalía informó que alrededor de dos años antes, Ojeda presentó una denuncia sobre irregularidades detectadas en distintas áreas, que dio inicio a las investigaciones que permitieron identificar conductas vinculadas con actividades delictivas.
Solicitudes y postura del Senado
El exhorto también busca que la FGR aclare las versiones sobre una supuesta imposibilidad para localizar al exsecretario, siempre que no se comprometa la investigación ni derechos de terceros. Zapata Bello destacó que la participación atribuida a Ojeda en el origen de las indagatorias genera interés público para conocer su intervención posterior y si su testimonio fue requerido.
El documento fue turnado a la Comisión de Marina, presidida por el senador Carlos Lomelí, donde se encuentra en análisis. En caso de que alguna información solicitada esté legalmente reservada, la FGR deberá indicarlo y señalar el fundamento jurídico que impide su divulgación.
El senador Zapata Bello afirmó: “Con esta proposición en mi labor de legislador pretendo que las instituciones proporcionen información oficial suficiente para diferenciar los hechos acreditados de las versiones difundidas públicamente”.