La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía en Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como de un socio empresarial y varias compañías relacionadas con ambos.
Medidas contra exfuncionario y socios
Ricardo Velarde Cárdenas ocupó la Secretaría de Economía entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, después de haber sido subsecretario de Turismo. Su salida del cargo ocurrió tras la desaparición de un joven originario de Durango en un bar de Mazatlán, establecimiento del que Velarde es copropietario.
Además de Velarde, la UIF bloqueó las cuentas de Jorge Armando Lizárraga Angulo, empresario inmobiliario y socio de Velarde en ocho empresas. Lizárraga impugnó esta medida mediante un juicio de amparo promovido el 25 de agosto de 2026, el cual fue objeto de observaciones por parte de una jueza federal el 4 de septiembre, quien solicitó aclaraciones antes de admitirlo a trámite.
Empresas involucradas y acciones legales
Seis compañías vinculadas a Velarde y Lizárraga también fueron afectadas por el bloqueo. Entre ellas destacan Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV). Estas empresas fueron constituidas antes de que Velarde asumiera cargos públicos.
Grupo Veliiz es propietaria del proyecto Akoya Sky Living, un desarrollo inmobiliario ubicado en el malecón de Mazatlán que contempla una torre de 30 niveles, con 13 destinados a hotel y 17 para departamentos. Por su parte, Operadora de Bares Veliz es la razón social del restaurante El Muchacho Alegre, que fue atacado con un artefacto incendiario en abril de 2026.
El Muchacho Alegre promovió un juicio de amparo contra las medidas de la UIF, pero el caso fue remitido a los juzgados federales de Tijuana. Asimismo, un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por OPV para revertir el bloqueo de sus cuentas.
Proceso judicial y contexto
Ricardo Velarde interpuso un juicio de amparo el 25 de agosto para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la UIF. Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México se declaró incompetente y remitió el caso a los juzgados federales de Sinaloa.
Estas acciones ocurren en el marco de investigaciones financieras relacionadas con la administración estatal anterior encabezada por Rubén Rocha Moya, en las que se busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas a funcionarios y empresarios del estado.