La propuesta del gobierno de Donald Trump busca frenar la matrícula internacional y establece tarifas adicionales para renovaciones.
Las universidades en Estados Unidos deberán pagar 70 mil dólares por cada estudiante extranjero que solicite empleo en el país, de acuerdo con una propuesta del gobierno de Donald Trump. Esta tarifa forma parte de una iniciativa destinada a frenar la matrícula internacional en las instituciones estadounidenses.
El pago recaerá en las universidades que inscriban alumnos en el programa de capacitación práctica opcional, el cual permite a los universitarios obtener empleos relacionados con sus especialidades durante o después de sus estudios en Estados Unidos. Además, la propuesta fija un cobro de 70 mil dólares por el ingreso de un nuevo estudiante y 30 mil dólares para la renovación del trámite.
Los estudiantes extranjeros pueden trabajar un año tras su graduación, con una extensión de dos años adicionales para quienes cursan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La tarifa impactará los ingresos de las universidades que reclutan matrículas en el exterior y afectará a las empresas del sector tecnológico que dependen de estos perfiles.
Argumentos y reacciones ante la propuesta
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la medida responde al fraude de visas y busca frenar una vía de acceso para mano de obra extranjera barata. El gobierno someterá la propuesta a 60 días de comentarios públicos antes de su posible ejecución.
Grupos empresariales y de educación superior han anunciado que planean impugnaciones legales para retrasar el proceso en tribunales. “Ahuyentar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo global”, señalaron voces del sector.
Antecedentes recientes en normativa migratoria
La administración federal canceló el estatus legal de miles de alumnos extranjeros el año pasado, lo que derivó en detenciones y deportaciones. En septiembre pasado, un tribunal bloqueó una normativa que limitaba a cuatro años la estancia de estudiantes internacionales.