La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a 26 personas señaladas por participar en un esquema de plazas laborales irregulares que habría provocado un desvío de más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La investigación abarca a 33 exservidores públicos, servidores activos y particulares, de los cuales uno aún no tiene definida su situación jurídica y cinco promovieron amparos.
El fraude se habría realizado desde 2021 mediante la asignación de plazas a personas que no cumplían con las funciones laborales o cobraban sin trabajar, un método conocido como “aviadores”. Entre los involucrados se encuentran exsubsecretarios, exdirectores generales, coordinadores y personal de diversas secretarías como Finanzas, Educación, Seguridad, Oficialía Mayor y SECTI.
Las indagatorias comenzaron tras una denuncia del Gobierno del Estado de México por 459 altas de personal docente cuyos titulares no laboraban en las escuelas asignadas. La Fiscalía detectó irregularidades en documentos, uso indebido de claves del Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y registros en planteles inactivos.
El esquema operaba con “reclutadores” que incorporaban a familiares y conocidos, quienes permitían usar sus datos para aparecer en la nómina. Luego, terceros retenían las tarjetas bancarias y distribuían el dinero entre los integrantes de la red. Por cada 200 mil pesos pagados como sueldo, los “aviadores” recibían solo 6 mil pesos, y el resto se repartía entre los operadores del fraude.
Además, la FGJEM documentó mensajes en los que se instruía a los beneficiarios cancelar cuentas bancarias y negar cualquier vínculo laboral con el gobierno para evadir investigaciones.
La carpeta de investigación incluye 30 tomos con alrededor de 12 mil fojas, que contienen entrevistas, peritajes e inspecciones que respaldaron las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso.
Los imputados enfrentan cargos por fraude y abuso de autoridad por simular contrataciones y desviar recursos públicos, causando un daño patrimonial al Gobierno del Estado de México.