Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, ha incrementado la presión sobre México en materia migratoria, arancelaria y de seguridad. Entre las medidas más destacadas se encuentran la revocación de visas a funcionarios mexicanos, la imposición de aranceles y la amenaza de operaciones militares en territorio mexicano.
Revocaciones de visas y declaraciones oficiales
En mayo de 2025, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo, Carlos Torres Torres, tuvieron canceladas sus visas por parte de Estados Unidos. Posteriormente, en julio, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, también sufrió la revocación de su visa. En agosto, el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, fue retenido al intentar cruzar la frontera tras la cancelación de su visa.
El 16 de febrero de 2026, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, afirmó que las visas no son un derecho constitucional y pueden ser retiradas si representan una amenaza. Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, denunció la revocación de su visa, atribuyéndola a instrucciones de Rubio y Cristopher Landau. Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, calificó estas cancelaciones como actos con sentido político.
Medidas arancelarias y acusaciones contra funcionarios mexicanos
El 12 de julio de 2025, Trump impuso aranceles del 30% a México y a la Unión Europea, argumentando que estos países se han aprovechado de Estados Unidos. Reconoció los esfuerzos de Claudia Sheinbaum para frenar la migración y el tráfico de fentanilo, pero criticó que México no combate a los cárteles con la fuerza necesaria. En septiembre de 2025, Trump aseguró que Sheinbaum tenía miedo de enviar al ejército contra las organizaciones criminales, propuesta que ella rechazó por considerar una violación a la soberanía nacional.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió solicitudes de extradición y anunció el envío de una nota diplomática de extrañamiento. Rocha Moya rechazó las acusaciones, calificándolas como un ataque a la soberanía y al proyecto de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos que sustente las imputaciones con pruebas.
Amenazas y operaciones militares
Trump declaró emergencia nacional en la frontera y designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. En noviembre de 2025, NBC News reportó planes de Estados Unidos para realizar ataques con drones y desplegar tropas en México bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operando bajo el estatus del Título 50.
En enero de 2026, Trump anunció ataques terrestres contra los cárteles después de operaciones marítimas en el Pacífico y Caribe. El mandatario advirtió que si México no cumple con combatir el narcotráfico, Estados Unidos lo hará por su cuenta. Además, afirmó que el tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97% y que ya iniciaron operaciones terrestres.
Impacto en derechos humanos y respuesta mexicana
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos intensificó el combate contra la migración ilegal. Hasta el 22 de julio de 2026, México ha presentado 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del ICE. Claudia Sheinbaum ha planteado llevar estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.
El jefe de la DEA, Terrance Cole, advirtió el 14 de julio de 2026 sobre una “conexión mortal” entre cárteles y el gobierno mexicano, un señalamiento que añade tensión a la relación bilateral en materia de seguridad.