La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó reformas al Código Penal para castigar a quienes despojen a adultos mayores o personas con discapacidad de sus tarjetas de apoyos sociales. Estas modificaciones buscan proteger a los beneficiarios de programas sociales frente a familiares, cuidadores o tutores que puedan apropiarse indebidamente de estos recursos.
Detalles de las sanciones
Las reformas establecen penas que van de tres a ocho años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 500 y mil unidades de medida y actualización. En casos donde los responsables sean familiares o tutores, la sanción podrá aumentar hasta en una mitad, reforzando así la protección legal para los grupos vulnerables.
Contexto y retos para la aplicación
Actualmente no existen cifras oficiales que permitan dimensionar la magnitud de este problema, ya que quienes sufren el despojo suelen evitar presentar denuncias para no perjudicar a sus propios familiares. Esta situación dificulta la identificación y atención de los casos, por lo que las reformas buscan crear un marco legal más claro y disuasivo.
La aprobación de estas reformas representa un avance en la defensa de los derechos de adultos mayores y personas con discapacidad, sectores que requieren especial atención para garantizar el acceso efectivo a los apoyos sociales que les corresponden.